Además de criterios financieros se aplican criterios extrafinancieros, mediante una estrategia con un doble objetivo: obtener un mejor perfil sostenible que el índice de referencia y lograr una reducción de huella de carbono de, al menos, el 30% respecto al mismo.

En particular, el Fondo invierte en instrumentos de renta variable seleccionados mediante la aplicación de criterios financieros factoriales (valor, momentum y calidad), así como criterios extra financieros bajo los pilares sostenibles de la Gestora junto con la metodología de Robeco. La selección de las inversiones en renta fija se realizará usando tanto criterios financieros como extra financieros bajo los pilares sostenibles de la Gestora, estando sujeta la renta fija privada a los criterios sostenibles de exclusión e integración, mientras que la renta fija pública y las IIC en las que invierta el Fondo sólo estarán sujetas a los criterios de integración. Los instrumentos derivados que no tengan la consideración de inversión sostenible estarán excluidos de la estrategia ASG del Fondo y no superarán en ningún caso el 25% de la cartera del Fondo.

En relación con el Fondo, la Gestora ha firmado un acuerdo con Robeco para recibir asesoramiento sobre la selección de valores en mercados desarrollados de renta variable con un doble criterio, fundamental y sostenible.

Para la consecución de los citados objetivos, se aplican los criterios descritos a continuación:

• Para la consecución del objetivo de obtener un mejor perfil sostenible que el índice de referencia, inicialmente la Sociedad Gestora excluye aquellas compañías y emisores de renta fija privada directamente implicadas en la producción de armamento controvertido (minas anti-persona, fabricación y comercialización de armamentos químico y biológico, armamento nuclear, etc…) o cuya actividad principal se encuentre relacionada con el sector del tabaco.
  
  Posteriormente, la Gestora otorga un rating extra financiero a la mayoría de los activos de renta variable, emisores de renta fija o IIC en las que invierte. En esta clasificación se tienen en cuenta aspectos Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) y potenciales controversias que puedan tener para asignarles una calificación. La clasificación extra financiera puede ser A, B o C, siendo ésta última la peor. Este proceso permite detectar aquellas con características sostenibles muy bajas o con controversias muy severas según se ha mencionado anteriormente, con el apoyo de los proveedores de información de la Gestora, asignándoles un rating C. La revisión de las calificaciones es continua, lo que puede conllevar que de manera sobrevenida se produzcan exclusiones o reincorporaciones por empeoramiento o mejora de rating respectivamente. En caso de incumplimientos sobrevenidos, se analizará individualmente cada caso para determinar si (a) procede deshacer la posición o (b) se diseña un plan de acción conjunta con la compañía para mejorar el rating de sostenibilidad de la misma en un plazo máximo establecido.
  
  Una vez otorgada dicha calificación, se descarta para su inversión por parte del Fondo aquellos activos de renta variable, emisores de renta fija o IIC con rating C. Finalmente, se aplica sobre los activos pre-seleccionados por la Gestora la metodología de Robeco para descartar en un segundo paso aquellas compañías con puntuaciones negativas -3 y -2, es decir, aquellas que tengan peores contribuciones a los ODS.
  
  La metodología propiedad de Robeco, asesor del Fondo, evalúa y selecciona aquellas compañías de renta variable que se alinean significativamente con los ODS. Dicha alineación se evalúa otorgando a cada compañía una calificación en función de que su contribución a los ODS sea positiva (+3, +2, +1), neutra (0) o negativa (-1, -2, -3). Esta clasificación se revisa de manera continua y conlleva variaciones en el universo inversor de la cartera.
• Como segundo objetivo del Fondo, consistente en lograr una reducción de huella de carbono de, al menos, el 30% respecto al índice de referencia, Robeco integra, en su análisis para la construcción de la cartera del Fondo, este objetivo de reducción de huella de carbono analizando los niveles de uso intensivo de CO2 medio de las compañías que la componen. La Gestora contrastará, a través de la información aportada por sus proveedores de información externos, que la cartera propuesta para el Fondo cumple con el objetivo planteado.
  
  Todos estos aspectos no son opcionales ni pueden ser modulados a discreción por el equipo gestor.

Además, las inversiones sostenibles podrán contribuir a una o varias actividades económicas consideradas medioambientalmente sostenibles de acuerdo con la taxonomía medioambiental de la UE. En particular, dichas inversiones podrán tener como objetivo la mitigación del cambio climático o la adaptación al cambio climático.

Las inversiones sostenibles estarán vinculadas con la consecución de objetivos medioambientales y/o sociales ligados a los ODS de Naciones Unidas. En función del tipo de activo contribuyen a los ODS de la siguiente forma:

1. En relación con la renta variable, se considerará como inversión sostenible aquella que se realice en empresas cuya contribución a al menos algunos de los ODS sea positiva o muy positiva, siendo la contribución a los otros dieciséis ODS muy positiva, positiva o neutral.
   
   No se admiten contribuciones negativas o muy negativas a ningún ODS.
   
   Para la medición de la contribución a los ODS la Gestora utilizará una metodología propia, independiente de la de Robeco, por la que se analiza si cada compañía tiene contribución muy positiva, positiva, neutral, negativa o muy negativa a cada uno de los ODS, apoyándose en datos de proveedores externos. Se evalúa la contribución desde el punto de vista de los productos y servicios ofrecidos por la compañía, así como la ejecución manera continua y conlleva variaciones en el universo inversor del Fondo.
2. En relación con las emisiones de renta fija pública/privada, las inversiones sostenibles se materializarán en bonos verdes, sociales, sostenibles y bonos vinculados a la sostenibilidad, de acuerdo con los estándares de ICMA y/o los estándares que desarrolle la UE. Dichas emisiones tendrán identificados objetivos acordes con los ODS. También se podrá invertir en emisiones de compañías cuya contribución sea muy positiva o positiva a alguno de los ODS, siempre que tengan contribución muy positiva, positiva o neutral al resto de ODS, de acuerdo con lo señalado antes.
   
   Las emisiones de los bonos verdes, sociales y sostenibles están destinadas, respectivamente, a la financiación (o refinanciación) total o parcial de proyectos con objetivos medioambientales (como, por ejemplo, energías renovables, eficiencia energética, prevención y control de la contaminación, transporte limpio o conversión hacia una economía circular), sociales (como, por ejemplo, acceso a la educación, mitigación de la pobreza o ayudas a los grupos sociales más vulnerables) o una combinación de ambos, que hayan sido previamente identificados en su folleto de emisión.
   
   En el caso de bonos sujetos a estándares de ICMA, su folleto de emisión deberá detallar, entre otros aspectos:
   • El uso de los fondos obtenidos de la emisión acorde a las áreas elegibles establecidas en el marco de ICMA.
   • Los procesos para la evaluación y selección de proyectos.
   • Los mecanismos de gestión de fondos.
   • Informes de seguimiento que realizarán.
     
     A diferencia de los anteriores, los bonos vinculados a la sostenibilidad (Sustainability-Linked Bonds (SLBs) en inglés) no financian directamente proyectos con objetivos medioambientales y/o sociales, sino que son bonos corporativos o gubernamentales que están sujetos a objetivos medioambientales y/o sociales previamente identificados en el folleto de emisión (Objetivos de Desempeño de Sostenibilidad), los cuales deberán ser cuantitativos, predeterminados y verificados externamente mediante unos «Indicadores Claves de Desempeño». Un ejemplo de este tipo de bonos puede ser uno cuya rentabilidad vaya asociada a la reducción en un porcentaje prefijado de las emisiones totales de carbono de la empresa emisora en un plazo de tiempo determinado.
3. En relación con las inversiones indirectas, tendrá la consideración de inversión sostenible la inversión en IIC que tengan como objetivo inversiones sostenibles (clasificadas como artículo 9 del Reglamento UE 2019/2088).
   
   Adicionalmente, en el proceso general de inversión de la cartera del Fondo se aplican los pilares sostenibles de la Gestora (excepto a los instrumentos financieros derivados), conforme a su metodología propia, tanto a emisores de renta variable y de renta fija (públicos y privados), como a IIC (no resultando aplicable el pilar de exclusión a IIC, ni el pilar voto/compromiso a los emisores públicos), de acuerdo con lo siguiente:
   • Exclusión: no se invierte en sectores y actividades controvertidas (armas controvertidas y tabaco). Tampoco se invierte en compañías que no cumplan con: (i) el Pacto Mundial de Naciones Unidas, que es una iniciativa internacional que promueve implementar Diez Principios universalmente aceptados para promover el desarrollo sostenible en las áreas de derechos humanos y empresa, normas laborales, medioambiente y lucha contra la corrupción en las actividades y la estrategia de negocio de las empresas; (ii) las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales; o (iii) los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.
     
     En el caso de la renta fija pública, no se invertirá en aquellos países sobre los que existan embargos de armas impuestos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Unión Europea y/o los Estados Unidos.
   • Integración: se integran en su proceso inversor los factores ASG, esto es, Ambientales (por ejemplo, cambio climático, contaminación, gestión de residuos y buenas prácticas para la preservación del ecosistema), Sociales (entre otros, gestión del capital humano y responsabilidad social en la creación de producto) y de Buen Gobierno (buenas prácticas de gobierno corporativo), de manera que la Gestora, aplicando su metodología propia y con el apoyo de sus proveedores externos de información, otorga una calificación ASG a cada compañía (A, B o C, siendo esta última la peor) y no invierte en aquellos con la calificación más baja (C), que tengan un perfil sostenible bajo o con controversias muy severas (casos graves de blanqueo de capitales, discriminación sexual y/o racial entre empleados, vertidos contaminantes que perjudiquen el medioambiente, etc.).
     
     Como excepción, los bonos verdes, sociales, sostenibles y bonos vinculados a la sostenibilidad emitidos por entidades de naturaleza privada siempre tendrán una calificación ASG elevada (A), al margen de las características concretas del emisor. No obstante, si el emisor de estos tipos de bonos fuese una entidad de naturaleza pública, sí se atenderá a las características del emisor —aspectos específicos ambientales (salud medioambiental del país y vitalidad de sus ecosistemas) y sociales (desigualdad de la riqueza, desigualdad de género e índice de desarrollo humano), así como el control anticorrupción, la calidad regulatoria o la ausencia de violencia, entre otros—, de modo que no se invertirá en aquellas emisiones cuyo emisor tenga la peor calificación ASG (C).
   • Voto/Compromiso: se ejercerán los derechos políticos en la mayoría de activos invertidos, votando a favor de aquellas estrategias y prácticas ASG para las que haya información y transparencia suficiente. Asimismo, se podrán establecer estrategias de diálogo activo (implicación/engagement) con aquellas compañías en las que se detecte alguna carencia sostenible significativa. También se podrá interactuar con otros grupos de interés relacionados con las compañías en que se invierte (como pueden ser accionistas relevantes, empleados y representantes de los trabajadores, asociaciones del sector al que pertenece la compañía, organismos reguladores, proveedores, clientes y otros inversores) para la consecución de objetivos que promuevan la mejora del medioambiente y la calidad de vida de la sociedad.

Por último, la Gestora monitoriza que los emisores cumplen los criterios de buen gobierno descritos en el Reglamento (UE) 2019/2088: esto es, que sus estructuras de gestión, relaciones con los asalariados y remuneración del personal pertinente sean sanas y cumplan las obligaciones tributarias. De forma interna, se identificarán métricas específicas para hacer seguimiento del cumplimiento de esos criterios. Estas métricas podrán variar a lo largo del tiempo en función de la información disponible, de la tipología de las compañías y de los activos. Algunos ejemplos de indicadores son indicadores de irregularidades o malas conductas de los directivos de la compañía o indicadores de controversias relacionadas con fraudes, sobornos o estructuras de gobierno. Adicionalmente, no se invierte en compañías que no cumplan con: el Pacto Mundial de Naciones Unidas, las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales o los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.